Conservación y recuperación de caminos históricos

De no existir un movimiento social, pronto será difícil adentrarse en parajes de singular belleza a través de estas vías.

Hay quien en vacaciones disfruta de la playa para evadirse de la cotidianeidad que la mayor parte del año le otorga su trabajo, su barrio, su ciudad o su pueblo. Otros, por otras circunstancias, hemos decidido pasar nuestro merecido descanso en el mismo lugar donde solemos permanecer todo el año, eso sí, cambiando totalmente el estilo de vida y dedicándole el mayor tiempo posible a aquello que nos gusta. En este sentido, desde siempre me apasionó el recorrer caminos y veredas, en busca de lo desconocido y de paso hacer ejercicio, que siempre es saludable para quienes como yo tenemos unos kilos de más.

En mi afán de profundizar y de adentrarme en viejos caminos, los denominados caminos vecinales o de herradura --en ocasiones y por su uso también cañadas , cordeles , veredas o coladas -- he sido testigo del deplorable estado en el que se encuentran en su mayoría, fundamentalmente en lo físico (firme y trazado), pero también en lo referente a su propiedad, que a pesar de tener históricamente colgada la etiqueta de dominio y uso público , todavía existen bandoleros de lo ajeno, que con un descaro sin igual, no sé si con nocturnidad y alevosía, van apropiándose del terreno que ocupa la vía y sin que nadie ponga remedio, al menos de manera generalizada, ven incrementado su patrimonio a golpe de intrusión.

SEGUN EL artículo 6 de la Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura, estos caminos "son bienes de dominio y uso público, por lo que son inalienables, inembargables e imprescriptibles". Del mismo modo en el artículo 25 de la misma norma se afirma que "por su condición de bienes de dominio público, todos los ciudadanos tienen derecho a transitar por los caminos públicos, conforme a su destino y de acuerdo con las leyes, normas y ordenanzas de aplicación".

Parece evidente que los hechos que han sido narrados anteriormente, vividos en primera persona por quien los escribe, pero compartidos por personas a lo largo y ancho de toda la región --y yo diría por todo el país-- no son algo anecdótico, sino que se trata más bien de una práctica común, un delito que se comete contra el patrimonio público y que por diversas circunstancias se deja impune, o se hace la vista gorda por quienes tienen la responsabilidad de velar porque se cumpla estrictamente lo que se especifica de manera bastante nítida en la ley, a la que se hacía alusión anteriormente, y cuyos objetivos, a pesar de llevar en vigor más de cinco años, parecen estar bastante alejados, o al menos dispersos, en su aplicación.

Con este escenario es obvio pensar que el asunto es sumamente complejo, aunque no por ello inabordable si existe la voluntad política que la ciudadanía exige.

Días atrás, una asociación recién fundada con objeto de recuperar el camino real que une Madrid y Guadalupe, denunciaba ante un ayuntamiento de Las Villuercas un hecho concreto de la instalación de una portera con candado en su trazado, e incluso algunos medios de comunicación se hacían eco de este particular, a lo cual hubo, según me cuentan personas allegadas a este colectivo, una respuesta inmediata por parte de quien pretendía apoderarse de la propiedad del camino, que hizo desaparecer el candado y algunos carteles que prohibían el tránsito. Se trata sin duda de una práctica muy común, lo saben los senderistas, peregrinos y personas que gustamos de disfrutar de la naturaleza paseando por estos itinerarios públicos.

Además de encontrarnos con candados, nos topamos con alambradas, vallados, basureros, construcciones sobre la misma vía, tendidos eléctricos, etcétera. Toda una gama de situaciones presuntamente delictivas que poco a poco, si no existe un movimiento social generalizado, fundamentalmente en el medio rural en el que se localiza la mayor superficie de caminos, me temo que dentro de unos años no habrá posibilidad de adentrarse en parajes inhóspitos de singular belleza a los que sólo se accede por estas vías, y privaremos a nuestros hijos y nietos de un derecho histórico --el del uso público de los caminos-- a costa de la actuación de unos cuantos depravados. Sin duda, este peaje es tan alto que no nos podemos permitir, bajo ningún concepto, que se nos cobre.

Por ello, ahora que se habla de traspaso de competencias a los ayuntamientos por parte de la Junta, se hace necesario abordar con esmero y disciplina este asunto, por el bien de nuestro patrimonio rural y por la libertad que nos otorga el disfrute de este derecho histórico.